Moscú. Las autoridades de Rusia emitieron una orden de búsqueda y captura internacional contra Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, a quien el Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusa de presunta colaboración con actividades terroristas.
De acuerdo con el organismo de seguridad ruso, la investigación sostiene que la plataforma de mensajería habría permitido la permanencia de canales, chats y bots que, según las autoridades, fueron utilizados por servicios de inteligencia ucranianos y otras organizaciones para coordinar acciones de sabotaje y terrorismo dentro del territorio ruso.
La orden representa una nueva escalada en el conflicto entre el Kremlin y el empresario tecnológico, quien abandonó Rusia en 2014 y actualmente cuenta con ciudadanía francesa y de Emiratos Árabes Unidos. Desde hace varios años, Dúrov ha mantenido una postura crítica frente a los intentos de distintos gobiernos por acceder a información de los usuarios de Telegram, argumentando que la privacidad y la libertad de expresión deben prevalecer.
Según medios internacionales, el proceso penal iniciado por las autoridades rusas contempla cargos relacionados con la presunta facilitación de actividades terroristas, un delito que, bajo la legislación de ese país, puede derivar en penas que van desde varios años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la resolución judicial.
El caso también ocurre mientras Telegram continúa bajo escrutinio en distintos países por el uso de la plataforma para la difusión de contenido ilegal y actividades delictivas. No obstante, la aplicación sigue siendo una de las herramientas de comunicación más utilizadas a nivel mundial, con más de 1,000 millones de usuarios, y mantiene una amplia presencia tanto en Rusia como en otros mercados internacionales.
Hasta el momento, Pável Dúrov no ha emitido una respuesta pública sobre la nueva orden de búsqueda internacional. En ocasiones anteriores, el empresario ha rechazado acusaciones similares y ha sostenido que este tipo de acciones tienen un trasfondo político y buscan incrementar el control estatal sobre las comunicaciones digitales.
