CIUDAD DE MÉXICO. Especialistas de la academia, la industria y organizaciones de la sociedad civil participaron en el foro "Una aproximación multidisciplinaria al fracturamiento hidráulico", convocado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, donde analizaron las implicaciones económicas, ambientales y regulatorias del desarrollo del fracking en México.
Durante el encuentro, expertos coincidieron en que el debate sobre los hidrocarburos no convencionales requiere una evaluación integral que considere la seguridad energética, la protección ambiental, la viabilidad económica y el fortalecimiento del marco regulatorio.
José Antonio Escalera Alcocer, exdirector de Pemex Exploración y Producción, afirmó que México posee un importante potencial para explotar yacimientos de aceite y gas lutita, lo que contribuiría a fortalecer la soberanía energética, atraer inversiones y reducir la dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos.
En contraste, Luca Ferrari, investigador de la UNAM, sostuvo que antes de impulsar proyectos de fracturamiento hidráulico es indispensable contar con mayor información geológica, fortalecer la supervisión ambiental y evaluar cuidadosamente la rentabilidad de estas inversiones.
Talía Contreras, del Natural Resource Governance Institute, señaló que el verdadero desafío consiste en disminuir la dependencia estructural del sistema energético respecto al gas natural y avanzar hacia una matriz energética más diversificada.
Por su parte, Alfonso Reyes Pimentel, representante de MEXHI, presentó una propuesta técnica, legal y regulatoria orientada a generar condiciones de inversión con certeza jurídica, protección ambiental y coordinación entre autoridades, industria y comunidades.
La académica Genoveva Roldán Dávila, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advirtió que cualquier decisión sobre el uso del fracking debe valorar sus impactos económicos, sociales y ambientales, además de considerar que un eventual desarrollo de estos proyectos requeriría inversiones de entre 22 mil y 42 mil millones de dólares, así como una supervisión permanente y reglas estrictas para garantizar el cumplimiento de la regulación.
Los participantes coincidieron en que la discusión debe sustentarse en evidencia científica y técnica, privilegiando el interés público y la seguridad energética del país.
