El grupo parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado de Guanajuato presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local para establecer un apoyo económico dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren sin empleo y no cursen algún grado de educación formal.
La propuesta plantea que las y los jóvenes puedan recibir un apoyo equivalente a al menos un salario mínimo, con incrementos progresivos, durante un periodo de hasta 12 meses, a cambio de participar en procesos de capacitación para el trabajo.
Al presentar la iniciativa en tribuna, el diputado Antonio Chaurand Sorzano señaló que uno de los principales retos para las personas jóvenes es incorporarse al mercado laboral y encontrar oportunidades que, además de representar un empleo estable, les permitan adquirir experiencia.
De acuerdo con el legislador, la propuesta busca garantizar el derecho al trabajo de las juventudes guanajuatenses, no solamente mediante la generación de empleos, sino procurando que estos ofrezcan condiciones de seguridad, dignidad y oportunidades para una transición hacia la vida adulta.
Chaurand Sorzano señaló que actualmente existe un escenario de precariedad laboral juvenil, caracterizado por bajos salarios, informalidad, subocupación y dificultades para obtener experiencia laboral.
Como parte de su exposición, mencionó que las personas ocupadas de entre 15 y 29 años presentan una tasa de informalidad de 58.8 por ciento, lo que representa, de acuerdo con sus palabras, que prácticamente seis de cada diez jóvenes ocupados no cuentan con acceso pleno a seguridad social, prestaciones o protección laboral.
La iniciativa también toma como referencia la experiencia de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que, según explicó el diputado, opera desde 2019 como una política pública nacional y contempla un apoyo mensual y seguridad médica durante la capacitación.
Para el caso de Guanajuato, Chaurand Sorzano mencionó el programa Juventudes con IDEAS, implementado a través de JuventudEsGto desde 2023 y conformado por las modalidades Conecta, Evoluciona y Emprendimiento. Sin embargo, afirmó que no ha alcanzado los resultados esperados.
Ante este escenario, la propuesta busca elevar a rango constitucional el derecho de las y los jóvenes a recibir profesionalización y un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mientras se capacitan, con incrementos progresivos año con año.
El planteamiento también contempla que el Gobierno del Estado amplíe su catálogo de centros de trabajo y empleadores, con la finalidad de que las personas jóvenes cuenten con mayores oportunidades de incorporarse a un empleo formal una vez concluido su proceso de capacitación.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para su estudio y dictamen.
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