Nueva York, EE.UU., 29 de abril de 2026.— La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA) revelaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, a quienes señalan por su presunta participación en una red de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento judicial, los acusados habrían conspirado durante años para facilitar el envío de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas desde México hacia Estados Unidos, utilizando sus cargos públicos para proteger las operaciones del grupo criminal, evitar investigaciones y garantizar el flujo de droga a territorio estadounidense.
Entre los implicados se encuentran altos perfiles de la vida pública y de seguridad en Sinaloa, incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal estatal Dámaso Castro Zaavedra; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; así como mandos de la policía estatal, investigadora y municipal, además del actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Las autoridades estadounidenses sostienen que todos los acusados habrían colaborado con la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, proporcionando protección institucional, filtrando información confidencial y facilitando el transporte de cargamentos de droga dentro de México y hacia la frontera con Estados Unidos.
Según la acusación, los funcionarios habrían utilizado sus posiciones para desviar recursos, ordenar a corporaciones de seguridad resguardar cargamentos ilícitos y permitir que el cártel operara con impunidad. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos provenientes del tráfico de drogas.
El fiscal federal Jay Clayton afirmó que la investigación evidencia cómo organizaciones criminales de gran escala dependen del respaldo de funcionarios corruptos para sostener sus operaciones. “El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico de drogas debe terminar. Ninguna posición o cargo los coloca por encima de la ley”, señaló.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, subrayó que el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas altamente letales, sino que también opera como una estructura criminal que se sostiene a través de la corrupción institucional. Indicó que estas acciones han puesto en riesgo la vida de miles de personas en Estados Unidos.
El expediente judicial también detalla presuntos actos de violencia vinculados directamente con algunos de los acusados. En particular, se señala a Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía municipal de Culiacán, por su supuesta participación en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023, tras ser identificados como colaboradores en la investigación.
Las autoridades sostienen que integrantes de corporaciones policiales habrían participado activamente en operaciones del cártel, incluyendo detenciones ilegales, secuestros y homicidios dirigidos contra rivales o personas consideradas amenazas para la organización criminal.
En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, la acusación señala que habría llegado al cargo en 2021 con apoyo del grupo criminal, que presuntamente intervino mediante actos de intimidación y violencia contra adversarios políticos. Posteriormente, ya en funciones, habría sostenido reuniones con integrantes de “Los Chapitos” y permitido sus operaciones sin intervención.
Asimismo, se menciona que otros funcionarios, como el vicefiscal Castro Zaavedra, habrían recibido pagos periódicos —estimados en miles de dólares mensuales— a cambio de alertar al cártel sobre operativos de seguridad y proteger a sus integrantes de acciones judiciales.
De acuerdo con la acusación, el Cártel de Sinaloa mantiene una red internacional de tráfico de drogas que involucra productores en Sudamérica, proveedores de precursores químicos en Asia y rutas de distribución hacia Estados Unidos, consolidando a la organización como una de las más influyentes y violentas a nivel global.
Las autoridades estadounidenses indicaron que todos los acusados se encuentran presuntamente en México y que el proceso forma parte de una serie de investigaciones iniciadas desde 2023, en las que más de 30 personas vinculadas al cártel han sido imputadas.
De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de cadena perpetua, con mínimos obligatorios de al menos 40 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento de uso exclusivo.
Las autoridades recordaron que las acusaciones forman parte de un proceso judicial y que todos los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad ante un tribunal.
