La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una estrategia integral para reforzar el combate al delito de despojo de inmuebles, al advertir que en la capital no habrá tolerancia para las redes criminales ni para los llamados cárteles inmobiliarios que busquen apropiarse ilegalmente del patrimonio de las familias.
Durante la presentación de las acciones, Brugada aseguró que el gobierno capitalino fortalecerá la prevención, la investigación, la restitución de inmuebles y el acompañamiento jurídico a las víctimas, además de combatir cualquier acto de corrupción que facilite este delito.
Entre las principales medidas destacan un programa permanente de regularización y escrituración de propiedades, la creación de una Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, nuevos plazos para agilizar la restitución de inmuebles y la judicialización de los casos, así como un protocolo único de atención para denuncias de emergencia.
La estrategia también contempla el fortalecimiento de la inteligencia para identificar patrones delictivos y organizaciones dedicadas al despojo, además de un equipo especial de control interno encargado de investigar posibles actos de corrupción de servidores públicos relacionados con estos casos.
La mandataria anunció una campaña preventiva dirigida a la ciudadanía con recomendaciones para proteger el patrimonio, entre ellas mantener la documentación en regla, activar alertas registrales, formalizar contratos de arrendamiento y denunciar de inmediato cualquier intento de ocupación ilegal.
Brugada propuso además presentar informes semestrales sobre los avances de la estrategia y destacó que el Poder Judicial participará con una Unidad Especializada para agilizar la atención de los casos.
De acuerdo con datos del Gobierno capitalino, desde la creación del Gabinete contra el Despojo se han atendido más de mil casos, se han recuperado 185 inmuebles y asegurado 84 propiedades. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en lo que va del año han sido detenidas 46 personas por este delito.
La administración capitalina recordó que impulsa reformas para endurecer las sanciones contra el despojo, con penas de hasta 22 años de prisión, y sostuvo que la incidencia del delito se ha mantenido estable desde 2019, con un promedio de entre 10 y 11 casos diarios.
