XALAPA, Ver. — El Congreso del Estado de Veracruz se encuentra en la antesala de una de sus sesiones más polarizadas de la actual legislatura. El Pleno decidirá este próximo miércoles 5 de agosto si retira el fuero constitucional a los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano (MC), tras las solicitudes de declaración de procedencia presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La Comisión Permanente Instructora determinó que “ha lugar a proceder” al análisis de las carpetas de investigación, abriendo el camino para que los 50 integrantes de la LXVII Legislatura discutan y voten por separado ambos dictámenes en una sesión extraordinaria. Para aprobar el desafuero se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los congresistas.
Las Investigaciones de la Fiscalía
Los ediles enfrentan acusaciones de alta gravedad que motivaron las solicitudes de la FGE, aunque tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo han enfatizado que la declaración de procedencia no constituye una sentencia condenatoria, sino un mecanismo para retirar la inmunidad procesal y permitir que las investigaciones sigan su curso ante el Poder Judicial.
- Ixhuatlán del Sureste: A Raúl González Martínez se le investiga por su presunta participación como autor intelectual en la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La defensa del alcalde ha rechazado categóricamente los señalamientos, argumentando que la acusación se sostiene en testimonios indirectos y que la fotografía referida por la FGE no forma parte del expediente.
- Úrsulo Galván: Bertín Bravo Montero es señalado por su posible relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López Torres, registrada el pasado 14 de mayo en Barra de Chachalacas. Sus abogados han negado cualquier vínculo con la delincuencia organizada, asegurando que el encuentro con las víctimas obedeció a una compraventa de adoquín, al tiempo que cuestionaron inconsistencias horarias en los informes de telefonía y presuntas omisiones en la indagatoria.
Repercusiones Administrativas
Ante el escenario de un eventual desafuero, el marco legal veracruzano establece que no será necesario convocar a elecciones extraordinarias. La administración municipal se mantendrá en funcionamiento gracias a la entrada en funciones de los respectivos presidentes municipales suplentes, garantizando la continuidad en la gestión de ambos ayuntamientos.
Choque de Posturas: ¿Impunidad o Persecución?
El caso ha desatado un intenso debate político en el estado, confrontando la versión oficial con la postura de la oposición:
- Defensa institucional: El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández, defendió la legalidad del proceso y rechazó tajantemente que exista una persecución contra autoridades opositoras, asegurando que el Congreso se limita a cumplir con los procedimientos constitucionales. En el mismo sentido, la gobernadora Rocío Nahle García pidió respetar el debido proceso, subrayando que corresponde exclusivamente a los tribunales y a la Fiscalía determinar responsabilidades.
- Postura de Movimiento Ciudadano: La dirigencia nacional y estatal de MC ha calificado el proceso como una estrategia de persecución política orientada a debilitar a sus administraciones municipales. El partido exigió que las investigaciones se conduzcan bajo estricto apego a pruebas fehacientes y no a intereses partidistas.
Antecedentes en el Congreso Veracruzano
El uso de la figura de declaración de procedencia evoca precedentes históricos en la política local. Entre los casos más recordados figura el desafuero en marzo de 2020 del entonces diputado local Erick Iván Aguilar López (“El Mariachi”), investigado por delitos como ejercicio indebido del servicio público y resistencia de particulares, el cual derivó en su detención inmediata por parte de la Policía Ministerial tras la votación del Pleno.
Con el reloj avanzando hacia la sesión de este miércoles, el Congreso veracruzano pone nuevamente a prueba el equilibrio entre la procuración de justicia y el respeto a la pluralidad política en la entidad.
